Os adjuntamos el artículo de opinión firmado por nuestro compañero y colegiado D. Luis Polo, Director General de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

 

“Me permito destacar con orgullo que España se ha convertido en el primer país del mundo en el que la energía eólica se ha situado como la primera fuente de generación de electricidad a lo largo de un año completo”. Que estas palabras las pronuncie el director general de la AEE es predecible. Pero que lo haga el rey Felipe VI, como lo hizo en septiembre y nada menos que ante la Asamblea General de Naciones Unidas, es significativo: algo tiene que haber hecho bien la eólica en nuestro país cuando hasta la más alta autoridad del Estado la cita como motivo de orgullo.

D. Luis Polo, Director General de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

D. Luis Polo, Director General de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

 

Tal logro ha resonado fuera de nuestras fronteras. Y, en marzo, la Asociación Europea de Energía Eólica premiaba a España precisamente por este hecho. Lejos de los focos internacionales, sin embargo, la realidad eólica española ha sido muy otra en 2014. La Reforma Energética vino a confirmar la peor de nuestras sospechas: el eólico ha sido el sector más penalizado por la regulación más restrictiva dictada jamás en ningún país. Mientras el mundo admiraba los logros del sector, el Gobierno lo castigaba con una normativa retroactiva, discriminatoria e injusta que va a paralizar el desarrollo del sector en los próximos años y alejar las inversiones de España sine die.

2014 pasará a la historia como el año de las grandes contradicciones eólicas. Fue un año en el que la eólica española dio pasos de gigante. En enero, batió su marca mensual de generación, con 6.628 GWh, lo que llevó el precio del mercado eléctrico diario a los niveles más bajos desde 2010. Pero, en febrero, veía la luz la orden ministerial de parámetros, norma que fija definitivamente los detalles económicos de la Reforma y deja cerca del 30% de la potencia eólica sin incentivo alguno.
En abril, se conocía que España es el tercer país de la UE en exportaciones de aerogeneradores, según datos de la Comisión Europea, y que el país ha multiplicado por diez sus ventas eólicas al extranjero entre 1998 y 2012. En junio, se publicaba la mencionada orden ministerial y el real decreto de renovables, que ponían definitivamente fin –vía BOE– a la historia de amor de nuestro país con estas tecnologías.
En septiembre, el mes de menos viento de 2014, el precio medio mensual del pool registraba el máximo del año, demostrando una vez más la relación directa entre el viento y el precio de la electricidad. Ese mes, la CNMC publicaba la Liquidación 7, primera de las nueve en las que se especificarán las cantidades a devolver por el sector, que corresponden a las cobradas a cuenta desde que se aprobó el Real Decreto-Ley 9/2013. A partir de entonces, al sector le toca vivir con una doble contabilidad bajo el brazo: por un lado, acostumbrarse a que una parte importante de sus instalaciones se nutran solo del precio del mercado, mientras otras se ven incluso obligadas a devolver dinero por obra y gracia de la retroactividad. Si en el primer semestre el sector peleó con todas las armas a su alcance para evitar que el tsunami de la Reforma se hiciese realidad,
en el segundo hubo de parar a tomar aire. ¿Qué iba a pasar ahora? El primer efecto de la nueva regulación, no por anunciada menos dolorosa, no tardó en verse. En los seis primeros meses de 2014 se instaló en España un único aerogenerador, de 80 kilovatios.

Para los promotores, comenzaba una nueva etapa, en que maximizar los ingresos y refinanciar la deuda se encontraban de pronto en el centro de la agenda. La operativa en el mercado se complicaba. La Reforma elimina la obligación de la eólica de ofertar a cero –ni siquiera el Gobierno puede obligar a las empresas a operar a pérdida, lo que implica una operativa más fina en los mercados. Y en un sector altamente apalancado conseguir que los bancos entiendan y se adapten a la nueva situación es clave. Sobrevolando la situación, los asuntos legales: asociaciones y empresas consideran que hay razones suficientes para discutir la Reforma por la vía judicial, como demuestran los más de 300 recursos presentados contra la norma en el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, para la industria, con empresas punteras en toda la cadena de valor y envidiada en todo el mundo, se confirmaba la pesadilla. La Reforma cerraba el paso a las pocas posibilidades que le quedaban al mercado doméstico, en el que ya en 2013 sólo se instalaron 175 MW. Su disyuntiva era –es– otra: ¿merece la pena mantener el empleo, los centros de I+D y el talento en España cuando no se ve ninguna perspectiva de futuro? En esa tesitura empiezan las empresas 2015. Miran con tristeza cómo países como Alemania, Reino Unido y Francia lanzan sus apuestas energéticas con la eólica en el centro, mientras el Gobierno español hace todo lo posible por perder un tren en el que iba en el vagón de cabeza. Y en esas estamos. Intentando por todos los medios mejorar la nueva normativa, ya sea por la vía legal o política, con el fin de evitar quiebras, deslocalizaciones, pérdida de empleo… Y trabajando para que la industria eólica no se vaya de España. Son necesarias medidas de apoyo a la industria y estamos convencidos de que llegarán, porque el sector cumple todos los requisitos de los sectores por los que quiere apostar el Gobierno en su «Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España». “No podemos permitirnos el fracaso, hay demasiado en juego”. Tampoco esta vez soy yo el que lo dice, sino Felipe VI.
“Numerosas son las potencialidades creativas de Europa en varios campos de la investigación científica, algunos de los cuales no están explorados todavía completamente. Baste pensar, por ejemplo, en las fuentes alternativas de energía, cuyo desarrollo contribuiría mucho a la
defensa del ambiente”. Y esta afirmación, de hace tan solo unos días, es del Santo Padre, Francisco I, ante el Parlamento Europeo. Palabras para la esperanza.